Cómo se cumple el AI Act: obligaciones, costes y la batalla política por regular la IA

Qué es y a quién obliga

El AI Act (Reglamento (UE) 2024/1689) regula los sistemas de inteligencia artificial según el riesgo que suponen, no según la tecnología que usan. No se aplica solo a las empresas europeas: obliga a cualquier proveedor que venda o ponga en servicio un sistema de IA en la UE, y también cuando el resultado del sistema se utiliza en la UE, aunque la empresa esté fuera.

Lo primero que tiene que saber una empresa es qué papel juega, porque las obligaciones cambian mucho según el papel:

• Proveedor: quien desarrolla el sistema o el modelo, o lo encarga, y lo comercializa con su nombre. Carga con la mayor parte de las obligaciones.
• Responsable del despliegue: la empresa u organismo que usa un sistema de IA en su actividad, por ejemplo un banco que usa un modelo de scoring comprado a otro.
• Importador y distribuidor: quienes lo traen a la UE o lo revenden. Deben comprobar que el proveedor ha cumplido.
• Cuidado con el cambio de papel: quien pone su marca a un sistema de alto riesgo, lo modifica de forma sustancial o lo usa para un fin de alto riesgo distinto del previsto pasa a ser proveedor (artículo 25).

Cuatro niveles de riesgo y los modelos de propósito general

• Prohibido (artículo 5). Manipulación que distorsiona el comportamiento, explotación de vulnerabilidades, puntuación social, predicción policial individual basada solo en perfiles, bases de reconocimiento facial creadas raspando imágenes de forma indiscriminada, reconocimiento de emociones en el trabajo y en la educación, categorización biométrica por datos sensibles e identificación biométrica remota en tiempo real en espacios públicos por la policía, salvo excepciones tasadas. La reforma de 2026 añade los sistemas que generan imágenes íntimas no consentidas o material de abuso sexual infantil.
• Alto riesgo (artículo 6). La IA que forma parte de productos ya regulados (máquinas, productos sanitarios, juguetes...) y la que se usa en los ámbitos del anexo III: biometría, infraestructuras críticas, educación, empleo y gestión de trabajadores, acceso a servicios esenciales como el crédito o los seguros, policía, migración y fronteras, y justicia y procesos democráticos.
• Transparencia (artículo 50). Los chatbots deben avisar de que son una máquina; el contenido generado por IA debe marcarse de forma legible por máquinas, y los deepfakes, etiquetarse.
• Riesgo mínimo. El resto, que es la mayoría de usos (filtros de spam, recomendadores, herramientas internas), no tiene obligaciones específicas.

Un sistema del anexo III puede quedar fuera del alto riesgo si no plantea un riesgo significativo: por ejemplo, si solo hace una tarea procedimental limitada o prepara una evaluación que después hace una persona. Pero la excepción nunca vale si el sistema elabora perfiles de personas, y el proveedor debe documentar por qué la aplica y registrar el sistema.

Los modelos de propósito general, como los grandes modelos de lenguaje, tienen reglas propias: documentación técnica, información para quienes construyen sobre ellos, una política de respeto a los derechos de autor y un resumen público de los datos de entrenamiento. Si se entrenaron con más de 10²⁵ operaciones de cálculo, se presume que tienen riesgo sistémico y deben además evaluar y mitigar ese riesgo, hacer pruebas adversarias, notificar incidentes graves y proteger su ciberseguridad. Un código de buenas prácticas voluntario, publicado en julio de 2025, sirve para demostrar el cumplimiento; Meta anunció entonces que no lo firmaría.

El calendario, tras la reforma de 2026

1. 1 ago. 2024Entra en vigor el AI Act.
2. 2 feb. 2025Se aplican las prohibiciones.
3. 2 ago. 2025Obligaciones de los modelos de propósito general.
4. 27 jul. 2026Entra en vigor la reforma (Reglamento (UE) 2026/1744), que aplaza las obligaciones de alto riesgo.
5. 2 ago. 2026La Comisión puede exigir información, evaluar modelos y multar a los proveedores de modelos. Se aplican las obligaciones de transparencia.
6. 2 dic. 2026Nuevas prohibiciones (imágenes íntimas no consentidas y abuso infantil) y fin del periodo de gracia para marcar el contenido de sistemas ya en el mercado.
7. 2 dic. 2027Obligaciones de alto riesgo del anexo III (antes, agosto de 2026).
8. 2 ago. 2028Obligaciones de alto riesgo de la IA integrada en productos regulados (antes, agosto de 2027).

Cómo cumplir, paso a paso

Para la mayoría de empresas, que usan IA comprada a otros, el trabajo es sobre todo de inventario, clasificación y control. Las obligaciones técnicas pesadas recaen en quien desarrolla sistemas de alto riesgo. Este es el orden razonable:

1. Inventario. Lista todos los sistemas de IA que usa o vende la organización, incluidos los que vienen dentro de software de terceros y los que los empleados usan por su cuenta.
2. Clasificación. Para cada uso, decide si está prohibido, es de alto riesgo, tiene obligaciones de transparencia o es de riesgo mínimo. Documenta el razonamiento, sobre todo si aplicas la excepción del anexo III.
3. Prohibidos, fuera. Retira cualquier uso prohibido: se aplican desde febrero de 2025 y tienen las multas más altas.
4. Papel y contratos. Determina si eres proveedor o responsable del despliegue en cada caso y exige a tus proveedores la documentación, las instrucciones de uso y el compromiso de cumplimiento por contrato.
5. Si desarrollas alto riesgo. Necesitas un sistema de gestión de riesgos durante todo el ciclo de vida (artículo 9), gobernanza de los datos de entrenamiento con análisis de sesgos (artículo 10), documentación técnica según el anexo IV (artículo 11), registro automático de eventos (artículo 12), instrucciones claras (artículo 13), diseño para la supervisión humana (artículo 14), precisión, robustez y ciberseguridad (artículo 15) y un sistema de gestión de la calidad (artículo 17).
6. Evaluación de conformidad y registro. La mayoría de sistemas del anexo III se autoevalúan con control interno; los biométricos pueden necesitar un organismo notificado. Después, declaración UE de conformidad, marcado CE y registro en la base de datos de la UE.
7. Si usas alto riesgo. Úsalo según las instrucciones, asigna la supervisión a personas formadas, vigila los datos de entrada, guarda los registros al menos seis meses, informa a los trabajadores y a sus representantes antes de usarlo en el trabajo y avisa a las personas afectadas por sus decisiones. Los organismos públicos y quienes evalúan el crédito o fijan precios de seguros de vida y salud deben hacer además una evaluación de impacto en los derechos fundamentales (artículo 27).
8. Transparencia. Revisa chatbots, generadores de texto, imagen o voz y cualquier contenido sintético: aviso al usuario, marcado técnico y etiqueta en los deepfakes.
9. Vigilancia continua. Los proveedores de alto riesgo deben seguir el sistema tras su lanzamiento y notificar los incidentes graves a la autoridad, como tarde en 15 días desde que los conocen.

Las multas se escalonan según la gravedad: hasta 35 millones de euros o el 7 % de la facturación mundial por usos prohibidos; hasta 15 millones o el 3 % por incumplir otras obligaciones, y hasta 7,5 millones o el 1 % por dar información incorrecta. Se aplica la cifra más alta, salvo a las pymes, a las que se aplica la más baja. Los proveedores de modelos de propósito general se enfrentan a multas de hasta 15 millones o el 3 %.

Problemas y ventajas

El principal problema es la incertidumbre. Las normas técnicas armonizadas, que son las que permiten presumir que un sistema cumple, no estaban terminadas a tiempo, y varios países tardaron en designar a sus autoridades de supervisión. Esas dos razones explican el aplazamiento de 2026. Las propias empresas lo notan: entre las que se plantearon usar IA y no lo hicieron, la falta de claridad sobre las consecuencias legales pasó del 46 % en 2023 al 54 % en 2025, y ya es el segundo freno, solo por detrás de la falta de conocimientos.

• Problemas: coste de cumplimiento para pymes y startups, solapamiento con el reglamento de protección de datos, la Ley de Servicios Digitales y las normas sectoriales, riesgo de que cada país lo aplique a su manera y calendario cambiante, que castiga a quien ya había invertido para llegar a 2026.
• Ventajas: una sola norma para 27 mercados en lugar de 27 leyes distintas, protección de derechos que ya funciona en lo prohibido, más confianza de clientes y administraciones, y un estándar que puede servir de referencia a otras jurisdicciones y a las grandes empresas que venden en todo el mundo.

La subida de la incertidumbre es general: afecta a 17 de los 18 países con datos de 2023 y 2025. La encuesta de Eurostat no distingue entre leyes, así que no todo se puede atribuir al AI Act.

La batalla política: lo que se dijo en la ONU

La Asamblea General de la ONU, cuyo debate general empezó el 22 de septiembre de 2026, ha escenificado tres formas de ver la regulación de la IA.

El secretario general, António Guterres, dedicó a la IA una parte central de su último discurso ante la Asamblea. Pidió que los países que lideran la tecnología cooperen en la evaluación de los sistemas, compartan información sobre riesgos y acuerden salvaguardas comunes, apoyándose en el Panel Científico Internacional sobre IA, que presentó su primer informe en julio, y en el Diálogo Global sobre Gobernanza de la IA, reunido en Ginebra ese mismo mes.

Estados Unidos fue en la dirección contraria. El presidente Donald Trump dijo ante la Asamblea que su país rechaza cualquier intento de construir un «plan globalista» para controlar la IA, y que seguirá liderando lo que llamó superinteligencia. Es la misma línea que un año antes defendió en el Consejo de Seguridad su asesor científico, Michael Kratsios, al rechazar «todos los esfuerzos» de organismos internacionales por gobernar la IA.

La paradoja llegó al día siguiente, el 23 de septiembre, en el Consejo de Seguridad: los consejeros delegados de OpenAI, Sam Altman, y de Anthropic, Dario Amodei, pidieron estándares internacionales. Altman propuso normas comunes para medir capacidades, evaluar riesgos y preservar la supervisión humana. Amodei planteó acuerdos globales acotados, como prohibir el uso de la IA para fabricar armas biológicas, sistemas para verificar compromisos entre países y un mecanismo común de notificación de incidentes.

La UE habló el 24 de septiembre por boca del presidente del Consejo Europeo, António Costa, que defendió una gobernanza de la IA «responsable, transparente y regulada» y un papel central para la ONU. China, por su parte, ha creado su propio foro: en julio de 2026 impulsó la Organización Mundial de Cooperación en Inteligencia Artificial.

El resultado es incómodo para Europa. Tiene la única ley general de IA en vigor y la ONU mira en su dirección, pero el país que concentra la mayor parte de los modelos más avanzados rechaza cualquier marco internacional, y la propia UE acaba de aplazar la parte más exigente de su ley. Europa ha elegido regular; ahora tiene que demostrar que puede hacerlo sin quedarse aún más atrás.

Casos recientes

• Primeras peticiones de información. Desde el 2 de agosto de 2026, la Comisión puede actuar contra los proveedores de modelos. A finales de agosto envió sus primeras peticiones de información a más de 30 proveedores, en dos líneas: la seguridad de los modelos más avanzados y los derechos de autor y la transparencia sobre los datos de entrenamiento. Según la vicepresidenta Henna Virkkunen, iban dirigidas a empresas que no habían participado en los diálogos informales con la Oficina de IA.
• Grok y los deepfakes sexuales. En enero de 2026, la Comisión abrió un procedimiento contra X por la función de Grok que permitía crear imágenes sexuales falsas de personas reales, incluidas menores. Se hizo con la Ley de Servicios Digitales, no con el AI Act, y en febrero la autoridad irlandesa de protección de datos abrió su propia investigación. La reforma del AI Act aprobada meses después prohíbe expresamente estos sistemas desde diciembre de 2026.
• El propio aplazamiento. La reforma de 2026 es en sí un caso de ejecución: la UE reconoció que ni las normas técnicas ni las autoridades nacionales estaban listas y retrasó 16 meses la fecha clave para la IA de alto riesgo.
• Cuidado con las «primeras multas». Circulan por internet cifras de multas del AI Act supuestamente impuestas en agosto de 2026 a empresas de selección de personal, crédito o comercio. No hemos encontrado ninguna confirmada por la Comisión ni por una autoridad nacional, y algunas son imposibles: las obligaciones de alto riesgo que citan no se aplican hasta diciembre de 2027.

Para una empresa española, la autoridad de referencia es la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA), con sede en A Coruña. La recomendación práctica es no esperar a 2027: el inventario, la clasificación y las cláusulas con proveedores se pueden hacer hoy, y son lo que más cuesta improvisar.

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