¿Pierde Europa o elige?

En 2025, Eurostat preguntó a quienes no usan IA generativa por qué no lo hacen. El 64 % respondió que no la necesita. Solo el 7 % habló de privacidad o seguridad. En España los motivos cambian: pesa más no saber usarla (28 %) o no saber que existía (25 %). Más que una elección prudente, parece una brecha de conocimiento.

Donde sí hay una elección de fondo es en cómo se gobierna internet. China adopta la tecnología con filtrado y censura del Estado. La UE, en conjunto, protege más la libertad en la red que Estados Unidos, que ha retrocedido desde 2023. Dentro de la Unión también hay diferencias: el gráfico muestra el país con más control en cada año.

Hay otra decisión que distingue a Europa: la mayoría de sus modelos destacados se publican con pesos abiertos, que cualquiera puede descargar y adaptar. Pero con tan pocos modelos, es más una señal que una estrategia.

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En 2002, China suministraba el 7,8 % de lo que la UE compraba fuera de la Unión. En 2025, el 22,6 %. En maquinaria y equipos de transporte, donde entran los paneles solares, las baterías o la electrónica, llega al 35,8 %, tras un máximo del 40,6 % en 2022.

Para vender ocurre lo contrario. Estados Unidos compra el 21 % de lo que la UE exporta fuera de la Unión, casi tres veces más que China (7,5 %). Europa compra a un gigante y vende al otro, y eso la deja expuesta a los aranceles de uno y a la competencia del otro.

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Por hora trabajada, la UE está al 87 % del nivel de EE. UU. Por habitante, solo al 74 %. La distancia entre esas dos cifras se explica por las horas que trabaja cada persona y por la parte de la población que tiene empleo.

Las horas no son iguales en toda Europa. Un trabajador de Países Bajos hace 31 horas a la semana; uno de Alemania, 33,5; uno de EE. UU., 37,5. En cambio, en Grecia, Polonia o Lituania se trabaja más que en EE. UU. España, con 36,4, queda algo por debajo. Trabajar menos horas es, sobre todo, un rasgo de los países más ricos del oeste y el norte.

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La UE emite hoy un 35 % menos de CO₂ que en 1990. Estados Unidos, un 7 % menos. China, más de cinco veces más. Parte del recorte europeo se explica porque fabrica fuera muchos de los bienes que consume.

El gasto social público es la otra gran diferencia. En 2022, Francia le dedicaba el 31,4 % de su PIB; Italia, el 28,2 %; Alemania, el 27,7 %; España, el 26,0 %. EE. UU., el 19,0 %. Pero no es un rasgo de toda la UE: Irlanda, Países Bajos o varios países del este gastan menos que EE. UU.

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En la UE, el 74,4 % del gasto sanitario lo pagan las administraciones y la seguridad social. En EE. UU., el 54 %, y en China, el 57,1 %. La distancia se ha acortado: en 2000, el gasto público era el 44,4 % del total en EE. UU. y el 22 % en China, mientras que en la UE apenas ha cambiado (74,8 %).

Pero lo público no siempre libra al paciente de pagar. En 2023, los hogares de EE. UU. pagaron de su bolsillo el 10,9 % del gasto sanitario; los de la UE, el 14,9 %. Solo en Luxemburgo, Francia y Croacia la proporción era menor que en EE. UU. En Bulgaria, Letonia y Grecia supera el 34 %; en España, el 20,9 %. Es una proporción: como EE. UU. gasta mucho más, sus hogares pagan más dinero, 1.472 dólares por habitante frente a 898 en la UE. Malta y Bélgica superan a EE. UU. incluso en esa cifra.

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En 2016, el 79 % de los pagos en tiendas, bares y otros comercios de la zona del euro se hacía con efectivo. En 2024, el 52 %. El 55 % de los consumidores ya prefiere pagar con tarjeta u otro medio sin efectivo, frente al 22 % que prefiere los billetes. Aun así, el 62 % considera importante poder seguir pagando con efectivo.

El hueco del efectivo lo llenan sobre todo las tarjetas. En 2025 se hicieron en la zona del euro casi 92.000 millones de pagos con tarjeta, el 57 % de todos los pagos sin efectivo y un 36 % más que en 2022. Ahí está lo que preocupa al BCE: en 2022, el 61 % de los pagos con tarjeta de la zona del euro pasó por redes internacionales como Visa o Mastercard, y 13 países de la zona dependen por completo de ellas.

El euro digital busca ser una alternativa europea y pública: dinero emitido por el BCE, como los billetes, pero para pagar en tiendas, en internet y también sin conexión. Los servicios básicos serían gratuitos y habría un límite de cuánto puede guardar cada persona. Lo que falta es la ley. Parlamento y Consejo negocian sobre todo cómo se compensa a los bancos y entidades que lo distribuyan, cómo se reparte y cuál es ese límite. La privacidad es la otra gran duda: el 60 % de los consumidores de la zona del euro dice preocuparse por su privacidad en los pagos digitales.

1. Junio de 2023La Comisión Europea propone el reglamento del euro digital.
2. Octubre de 2025El BCE pasa a la siguiente fase del proyecto para estar listo técnicamente.
3. Diciembre de 2025Los gobiernos de la UE, en el Consejo, fijan su posición: límites de tenencia, servicios básicos gratuitos y comisiones reguladas.
4. Junio y julio de 2026La comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo aprueba su informe (43 votos a favor, 14 en contra y 1 abstención) y el pleno da luz verde a negociar con el Consejo.
5. Segunda mitad de 2027Piloto de 12 meses con entidades de pago, si la ley se aprueba en 2026.
6. 2029Primera emisión posible. El BCE decidirá si lo emite, y cuándo, cuando la ley esté aprobada.

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En 2025, el 68,5 % de la población de la UE vivía en una casa propia, algo menos que en 2010 (70,7 %). Las diferencias son de modelo. En Eslovaquia, Rumanía y Croacia son propietarios más del 91 %, y en Rumanía casi todos sin hipoteca. En el otro extremo, Alemania es el único país donde los propietarios no llegan a la mitad (47,2 %), seguida de Austria (54,2 %) y Dinamarca (58,4 %). En los Países Bajos, el 57,9 % de la población vive en una casa propia con hipoteca. España, con un 73,6 %, está por encima de la media, pero los propietarios han bajado desde el 79,8 % de 2010, y los inquilinos a precio de mercado han pasado del 11,9 % al 17,4 %.

Ser propietario o inquilino cambia mucho lo que pesa la vivienda en el bolsillo. En 2025, el 18,6 % de los europeos que alquilan a precio de mercado vivía en un hogar que dedica más del 40 % de sus ingresos a la vivienda. Entre los propietarios con hipoteca, el 5 %, y entre los que ya no la tienen, el 3,8 %. Para los inquilinos a precio de mercado, la proporción ha bajado desde el máximo del 27,1 % en 2014, pero sigue siendo casi cuatro veces la de los propietarios con hipoteca.

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En 2024, las renovables cubrieron el 25,2 % del consumo final de energía de la UE, frente al 9,6 % de 2004. En la electricidad llegan ya al 47,5 %; en la calefacción y la refrigeración, al 26,7 %, y en el transporte, solo al 11,2 %. El objetivo para 2030 es el 42,5 %. Para alcanzarlo, la UE tendría que sumar casi tres puntos al año hasta 2030; entre 2019 y 2024 sumó, de media, poco más de uno.

La otra cara es el precio. Entre 2007 y 2020, la electricidad para la industria europea nunca pasó de 10,72 céntimos por kWh, sin IVA ni impuestos recuperables. Con la crisis energética, llegó a 20,16 céntimos en el segundo semestre de 2022. En el segundo de 2025 estaba en 15,96: un 20,8 % por debajo de ese máximo, pero un 45,8 % por encima del primer semestre de 2021. Sin impuestos, la subida es del 80,6 %. No hay una serie abierta que permita comparar este precio con el de EE. UU. y China con el mismo método.

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